El sector pesquero español (CEPESCA), en una reunión de urgencia, ha decidido estudiar las opciones legales ante la decisión anunciada hoy por la Comisión Europea (CE) de cerrar 87 zonas de pesca, aprobada el pasado junio por un acto de aplicación en el marco del Reglamento sobre acceso a aguas profundas. El sector, que no descarta la convocatoria de paros y concentraciones ante distintos organismos europeos y españoles, actuará juntamente con otras organizaciones europeas a través de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), que representa a más de 20.000 pescadores y 7.000 buques europeos. De hecho, esta organización se reunirá con carácter de urgencia mañana.
El sector pesquero ha vuelto a solicitar garantía de seguridad jurídica para sus empresas ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados en la que ha comparecido hoy Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), en representación de este. En su intervención, que forma parte de la tramitación del Proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, Garat ha invitado a los políticos a aprovechar la oportunidad que representa este trámite para ampliar su conocimiento sobre un sector “del que nuestro país puede presumir de estar a la cabeza de la Unión Europea, y de una actividad esencial y estratégica comprometida con suministrar un alimento saludable a la población, incluso en los escenarios más complejos, como los que estamos viviendo desde hace más de dos años”.
Cepesca ha conseguido retirar más de 18 toneladas de redes para su reciclaje a través del proyecto REDUSE-II, recién finalizado y que ha desarrollado durante ocho meses en ocho puertos y dos empresas pesqueras del litoral español. Este proyecto, continuación de otro anterior (RED-USE), ha tenido como objetivo promover la economía circular para el aprovechamiento de la vida útil de los aparejos del sector pesquero mediante la implantación de un modelo de gestión responsable de este tipo de residuos.
Ocho puertos y dos empresas marítimo-pesqueras de nuestro país han puesto en marcha proyectos piloto de gestión responsable de redes y aparejos de pesca, en colaboración con la Confederación Española de Pesca (CEPESCA). La patronal desarrolla estos pilotos en el marco de su proyecto REDUSE-II, con el que contribuye a incorporar el criterio de la responsabilidad ampliada del productor en el tratamiento sostenible de estos materiales con la implicación de todos los agentes involucrados en su ciclo de vida útil.
El sector pesquero celebra los avances en la protección de los ecosistemas marinos vulnerables siguiendo los criterios aplicados por las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) para su detección y delimitación durante las dos últimas décadas. Así lo han manifestado Javier Garat, secretario general de CEPESCA y presidente de ICFA, e Iván López, miembro de ICFA y presidente de EBFA, durante una conferencia de Naciones Unidas para implementar varias resoluciones sobre pesca sostenible y en la que se ha analizado el impacto de la pesca de fondo en los ecosistemas marinos vulnerables (EMV) y la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de peces de aguas profundas.
La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) defiende que el mecanismo de control de las capturas denominado margen de tolerancia se aplique a la captura total y no por especie en la pesquería de atún tropical. Según la patronal, esta es la única alternativa para no incumplir la normativa de seguridad alimentaria que exige que el pescado capturado sea congelado en un período corto de tiempo y eliminar así la acción de microorganismos perjudiciales.
El grupo tecnológico de seguridad, Giesecke+Devrient (G+D), ha decidido eliminar el uso de plástico virgen en su producción de tarjetas de pago, de aquí a 2030. Con esta decisión G+D se convierte en el primer fabricante de esta industria en adquirir este compromiso con la sostenibilidad, afianzando así el que mantienen sus bancos clientes y los consumidores. G+D está convencida de que toda la industria seguirá su ejemplo, lo que implicaría dejar de usar plástico virgen en los más de 3.000 millones de tarjetas de pago que se producen anualmente en todo el mundo.